De acuerdo con la Constitución de
1961, el Estado se atribuía no sólo la responsabilidad del
desarrollo económico y social del país, sino la planificación como la vía más
factible para ejercer dicha responsabilidad. Con la aplicación en los países de
Latinoamérica del Modelo de Desarrollo Cepalino, que postulaba la sustitución de
importaciones por bienes de producción nacional (crecimiento hacia adentro), el
principal elemento dinamizador en nuestro país lo generaba la distribución del
petróleo. Pero para mantener una expansión sostenida de la actividad productiva
interna, se requería de un aumento creciente del petróleo, lo cual hacía al
nuevo modelo vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero internacional,
causándole un problema fundamental a la planificación, ya que al no poderse
prever con anticipación dichas fluctuaciones, se convertía en tarea difícil,
por no decir imposible, programar los recursos necesarios para realizar los
distintos programas y proyectos de la Nación. A principios de los años 80, las medidas
cepalinas de la inversión estatal en el área industrial hacían evidente su
legado: desigual distribución de la población, más aumentada en los centros
urbanos e industriales; migración de la población desde las áreas rurales a la
urbana, con el consecuente y nada alentador abandono del agro, más desempleo,
endeudamiento del país y caída de las exportaciones. Posteriormente, con las presiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para que los países de Latinoamérica hicieran
cambios drásticos en sus economías, los 2° gobiernos de Carlos Andrés Pérez y
de Rafael Caldera, a través de su Paquete Económico y Agenda Venezuela,
respectivamente, condujeron a la privatización de muchas empresas lo que trajo como
resultado un incremento en el desempleo y más pobreza, ya que la desigualdad
entre ricos y pobres se hacía cada vez más grande, con menos inclusión. Además,
condujo al abandono de muchos proyectos industriales que nunca se concretaron.
El actual gobierno ha culpabilizado a los modelos capitalistas y
neoliberalistas de los problemas socioambientales actuales. García-Guadilla
(2009) refiere en este sentido que “El modelo capitalista-neoliberal ha sido
atacado constantemente por el gobierno del
presidente Chávez a pesar de que ha servido de orientación en los últimos
diez años para diseñar las políticas económicas que fundamentan el modelo de
desarrollo bolivariano” Según esta autora, “EL modelo de desarrollo bolivariano ha sido definido discursivamente
por los voceros gubernamentales, incluyendo al Presidente, como “sustentable,
endógeno, equitativo y participativo”; sin embargo, la alta diversidad y
cantidad de conflictos existentes y su naturaleza cuestionan la supuesta y
discursiva “sustentabilidad y endogenismo” del mismo”. También Gómez (Foro
Ecosocialismo del Siglo XXI, 2007) señala que nos encontramos atravesando una “transición
desde la representación a la participación, desde la propiedad privada y la
gestión vertical de los medios de producción hacia la propiedad colectiva,
desde la era de las energías contaminantes hacia la era de las energías limpias,
desde la sociedad patriarcal a la conciencia revolucionaria”. Y en tanto que
“el modelo de desarrollo venezolano está
atado a la explotación de sus recursos naturales; el hecho de que el Estado sea
el dueño de los principales recursos naturales y medios de producción y que sus
discursos enfaticen la sustentabilidad, no garantiza un modelo de desarrollo
sustentable” (García-Guadilla, 2009). Se ha responsabilizado al
“capitalismo salvaje y a las políticas neoliberales” y, en consecuencia, a la propiedad
y explotación privada de los recursos por un mayor deterioro ambiental. Sin
embargo, la realidad venezolana demuestra que la explotación de recursos
naturales o su transformación por parte del gobierno no sigue los lineamientos
del discurso ecosocialista; por el contrario, reproduce las prácticas tildadas
de “neoliberales o del capitalismo salvaje” en materia ambiental generando
impactos negativos tan fuertes o mayores que en el pasado.
1961, el Estado se atribuía no sólo la responsabilidad del
desarrollo económico y social del país, sino la planificación como la vía más
factible para ejercer dicha responsabilidad. Con la aplicación en los países de
Latinoamérica del Modelo de Desarrollo Cepalino, que postulaba la sustitución de
importaciones por bienes de producción nacional (crecimiento hacia adentro), el
principal elemento dinamizador en nuestro país lo generaba la distribución del
petróleo. Pero para mantener una expansión sostenida de la actividad productiva
interna, se requería de un aumento creciente del petróleo, lo cual hacía al
nuevo modelo vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero internacional,
causándole un problema fundamental a la planificación, ya que al no poderse
prever con anticipación dichas fluctuaciones, se convertía en tarea difícil,
por no decir imposible, programar los recursos necesarios para realizar los
distintos programas y proyectos de la Nación. A principios de los años 80, las medidas
cepalinas de la inversión estatal en el área industrial hacían evidente su
legado: desigual distribución de la población, más aumentada en los centros
urbanos e industriales; migración de la población desde las áreas rurales a la
urbana, con el consecuente y nada alentador abandono del agro, más desempleo,
endeudamiento del país y caída de las exportaciones. Posteriormente, con las presiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para que los países de Latinoamérica hicieran
cambios drásticos en sus economías, los 2° gobiernos de Carlos Andrés Pérez y
de Rafael Caldera, a través de su Paquete Económico y Agenda Venezuela,
respectivamente, condujeron a la privatización de muchas empresas lo que trajo como
resultado un incremento en el desempleo y más pobreza, ya que la desigualdad
entre ricos y pobres se hacía cada vez más grande, con menos inclusión. Además,
condujo al abandono de muchos proyectos industriales que nunca se concretaron.
El actual gobierno ha culpabilizado a los modelos capitalistas y
neoliberalistas de los problemas socioambientales actuales. García-Guadilla
(2009) refiere en este sentido que “El modelo capitalista-neoliberal ha sido
atacado constantemente por el gobierno del
presidente Chávez a pesar de que ha servido de orientación en los últimos
diez años para diseñar las políticas económicas que fundamentan el modelo de
desarrollo bolivariano” Según esta autora, “EL modelo de desarrollo bolivariano ha sido definido discursivamente
por los voceros gubernamentales, incluyendo al Presidente, como “sustentable,
endógeno, equitativo y participativo”; sin embargo, la alta diversidad y
cantidad de conflictos existentes y su naturaleza cuestionan la supuesta y
discursiva “sustentabilidad y endogenismo” del mismo”. También Gómez (Foro
Ecosocialismo del Siglo XXI, 2007) señala que nos encontramos atravesando una “transición
desde la representación a la participación, desde la propiedad privada y la
gestión vertical de los medios de producción hacia la propiedad colectiva,
desde la era de las energías contaminantes hacia la era de las energías limpias,
desde la sociedad patriarcal a la conciencia revolucionaria”. Y en tanto que
“el modelo de desarrollo venezolano está
atado a la explotación de sus recursos naturales; el hecho de que el Estado sea
el dueño de los principales recursos naturales y medios de producción y que sus
discursos enfaticen la sustentabilidad, no garantiza un modelo de desarrollo
sustentable” (García-Guadilla, 2009). Se ha responsabilizado al
“capitalismo salvaje y a las políticas neoliberales” y, en consecuencia, a la propiedad
y explotación privada de los recursos por un mayor deterioro ambiental. Sin
embargo, la realidad venezolana demuestra que la explotación de recursos
naturales o su transformación por parte del gobierno no sigue los lineamientos
del discurso ecosocialista; por el contrario, reproduce las prácticas tildadas
de “neoliberales o del capitalismo salvaje” en materia ambiental generando
impactos negativos tan fuertes o mayores que en el pasado.
